Las elecciones de 1946 resultaron en un nuevo triunfo claro
del batllismo.
El período iniciado en ese momento va a ser denominado
posteriormente “neobatllismo”, ya que si bien tenía continuidades con el primer
batllismo mostraba también algunas diferencias claras, provocadas, entre otros
factores, por los cambios operados en el escenario internacional y local.
Era clara la decadencia de los imperios coloniales y en
especial la del Imperio Británico duramente afectado por la guerra.
La estrecha relación económica de nuestro país con el Imperio
Británico nos hizo sentir los efectos de esa decadencia política y económica.
Las inversiones de capitales británicos se restringieron, paralizando el
mantenimiento y la renovación tecnológica imprescindibles de empresas de
servicios como los ferrocarriles, el agua corriente y los tranvías, que van a
quedar (aquejados de obsolescencia) disponibles para una nacionalización
impuesta.
En el plano nacional, la elección para la presidencia de la República
de Tomás Berreta y su muerte en el desempeño del cargo en 1947 dio lugar a que
Luis Batlle Berres asumiera la presidencia, significando no solo la
predominancia del batllismo, sino también la del grupo que él lideraba. El
ascenso de Luis Batlle al primer plano de la política nacional representaba la
posibilidad de poner en marcha un proyecto político de renovación que lo
identificaba a él y a su grupo con algunas de las líneas ideológicas del
«primer batllismo»: industrialización, proteccionismo, estatización. Las
propuestas del neobatllismo tuvieron una muy buena acogida en los sectores
predominantemente urbanos: empresarios nacionales, obreros y el creciente
funcionariado público. Al mismo tiempo se enfrentó con la oposición que
provenía de importantes sectores vinculados al campo, como el de los grandes y
pequeños propietarios rurales y asalariados del campo.
El triunfo electoral de 1950 del grupo gobernante impulsó la
propuesta de una nueva reforma constitucional, que tenía como mayor innovación
un Poder Ejecutivo colegiado que fue apoyado por los más importantes sectores
políticos del país.
La nueva constitución entró en vigencia en 1952. Asimismo, a
mediados de la década del 50, y en directa relación con cambios a nivel mundial
y con los problemas económicos crecientes, se advierte una serie de
transformaciones. Entre ellas destacamos el crecimiento de la oposición.
La situación de la postguerra era francamente favorable a la
economía uruguaya y creaba las condiciones para el desarrollo de una industria
sustitutiva de las importaciones de Europa y de Estados Unidos de Norteamérica.
Luis Batlle y su sector político adjudicaban a la industria
un importante papel modernizador en el desarrollo del país.
Continúa el proceso de crecimiento del Estado; se
nacionalizaron los tranvías (AMDET), los ferrocarriles (AFE) y las aguas
corrientes (OSE). La estatización de empresas extranjeras de servicios públicos
respondía a postulados caros a la tradición batllista. Pero se obtuvo por la
vía de canjear empresas descapitalizadas y poco rentables por la deuda que
Inglaterra había acumulado con Uruguay durante la II Guerra Mundial, por sus
compras de carne y lana.
. La política económica del neobatllismo concitó el apoyo de
los industriales y fundamentalmente de los sectores sociales medios y bajos
urbanos, en tanto tuvo la oposición franca de los sectores agrarios. La
oposición, que criticaba el “estatismo” y el “industrialismo”, encontró sus
representantes naturales en el herrerismo. , a mediados de los años 50 la
economía comenzó a presentar síntomas preocupantes.
Finalmente en 1958 el Partido Nacional ganó las elecciones nacionales. Esto se produjo en medio de un agitado clima político y social en el que confluían los reclamos de un sindicalismo fuerte y las luchas estudiantiles.
Asimismo se procuraba el logro de las nuevas leyes sociales y la consagración de la Ley Orgánica de la Universidad, mientras un Uruguay desconocido hasta entonces comenzaba a asomar en los barrios empobrecidos (los «cantegriles», bautizados en esos años así por ironía)
La victoria electoral del Partido Nacional manifestaba el
rechazo de la mayoría de la población con la situación existente. Al mismo
tiempo mostraba la consolidación de las estructuras democráticas que permitía
sin mayores sobresaltos la rotación de los partidos en el poder después de 93
años de gobierno del Partido Colorado. Sin embargo, las desavenencias internas
entre el ruralismo y el resto del partido ganador se manifestaron.
Este período
se caracteriza por:
• Un panorama
internacional dominado por la guerra fría y enfrentamientos preocupantes entre
los dos polos de poder;
• Una
agudización de la crisis económica y social en el Uruguay en un crítico
contexto latinoamericano;
• El aumento de
la conflictividad social y de las protestas sindicales;
• Una serie de
distintas propuestas políticas en el plano nacional, muchas veces enfrentadas
entre sí para salir de ella;
• La inclusión
de los dos períodos del gobierno blanco y la vuelta al poder del Partido
Colorado en 1967;
• Una
radicalización en aumento entre una extrema derecha y una extrema izquierda que
descreían crecientemente de la democracia formal.
• Las
“novedades” de la guerrilla y la violencia política.
• Otra reforma
constitucional como “remedio” a los males del país.
• La progresiva
inoperancia del Estado y el consecuente descreimiento en los partidos
políticos.
• El
debilitamiento de las instituciones ante la desconfianza pública.Rápidamente,
se agregó el impacto por la muerte del líder máximo del
herrerismo en abril de 1959: Luis Alberto de Herrera.
La crisis económica no cedía sino que se agravaba y aumentaba
de manera notoria la conflictividad social, tanto en el terreno publico como en
el privado. La disconformidad también llegó a los sectores rurales que no
vieron colmadas sus expectativas. Y es en este clima donde se produjeron las
nuevas elecciones, con el triunfo de otros sectores del Partido Nacional agrupados
en 1962 en la UBD (Unión Blanca Democrática), pero con un menor margen que en
las anteriores elecciones, lo que redujo sensiblemente su representación parlamentaria.. La persistencia de la crisis
económica agudizó los problemas sociales y estimuló la división en el interior
de los partidos tradicionales acerca de cómo enfrentarla. Al mismo tiempo se
unificó por primera vez el movimiento sindical con la instauración de la
Convención Nacional de Trabajadores del Uruguay.
. Las elecciones de 1966 dan como resultado el triunfo del
Partido Colorado con la candidatura del General Oscar Gestido como presidente y
de Jorge Pacheco como vice presidente. Simultáneamente se aprobó la reforma
naranja, presidencialista, que daba al Poder Ejecutivo mayores potestades.
Pero la crisis económica y social no cedía y las reacciones
del nuevo gobierno se hicieron sentir a partir de la aprobación de las “medidas
prontas de seguridad”. Entre ellas, detenciones de dirigentes sindicales y
censuras a la prensa, provocando las renuncias de políticos discrepantes a sus
cargos de gobierno.
La muerte de Gestido llevó a la Presidencia de la República a
Jorge Pacheco y a un recrudecimiento de una política crecientemente
autoritaria, que se manifestó en el ataque a grupos políticos de izquierda,
censura y cierre de la prensa opositora y la implantación nuevamente de medidas
prontas de seguridad. Se podría caracterizar este momento histórico como un
período de “radicalización de posiciones”
. Hubo en este período un deterioro manifiesto de la
institucionalidad democrática que había caracterizado al Uruguay en la mayor
parte del siglo XX.
Por un lado, desde el gobierno -en especial desde el Poder
Ejecutivo- se proponían y llevaban a cabo medidas tendientes a la restricción
creciente del ejercicio de las libertades individuales. Paralelamente, y en una
estrecha interrelación, grupos cada vez más radicalizados de izquierda como el
Movimiento de Liberación Nacional (MLN), surgido en 1962, proclamaban la lucha
armada como única solución.
. Para el MLN la lucha contra el poder de los EE.UU. , sólo
podía ser viable en un proceso de unidad latinoamericana. De ahí su estrategia
de lucha continental y de solidaridad entre los movimientos revolucionarios de
América Latina. En este sentido el MLN se ubicaba en la idea de “crear muchos
Vietnam” según la fórmula de Ernesto Guevara.
En ese contexto radicalizado comenzó una difícil campaña
electoral en la que nuevamente se propuso una reforma constitucional que
permitiera la reelección inmediata del presidente de la República Pacheco Areco
y que tenía como novedad electoral la obligatoriedad del voto.
El triunfo del Partido Colorado como lema más votado y,
dentro de él, el sublema “Unión Colorada y Batllista”, que llevaba como
candidato a Juan María Bordaberry, una persona casi sin antecedentes políticos.
En tanto, la posibilidad de la reelección no consiguió los votos suficientes.
Sin embargo, el candidato más votado, pero no electo debido a la ley de lemas,
había sido Wilson Ferreira Aldunate, perteneciente al Partido Nacional. Éste
era uno de los más francos opositores a la política del gobierno, y fue quien
denunció, con el apoyo de su partido, maniobras de fraude electoral, pidiendo
sin éxito la anulación del escrutinio.
El nuevo período se caracterizó por un aumento de la
violencia y de la radicalización de los extremos, con una entrada en escena de
las Fuerzas Armadas (setiembre 1971), que encabezaron la lucha contra la
guerrilla, a la que desarticularon a lo largo del año 72. En un marco político
nacional, de franco deterioro de los mecanismos institucionales y democráticos se produce el golpe de Estado dado por el
propio presidente de la República, Juan María Bordaberry, con el apoyo de las
Fuerzas Armadas y de algunos sectores políticos como la Unión Colorada y
Batllista.
Se disolvieron las Cámaras y se inició la persecución de todos
aquellos que se consideraron enemigos, entre los que se encontraba la casi
totalidad de la clase política.
Durante la presidencia de Jorge Pacheco- se caracterizó por
una continuación de la crisis. La inestabilidad económica parecía instalada y
se manifestaba, entre otros síntomas, en una inflación permanente -que llegó en
1968 al 182%- y en devaluaciones de la moneda que beneficiaban sobre todo a los
sectores exportadores y perjudicaban a los grupos más débiles (empleados,
jubilados y pequeños productores). En este contexto se intentó lo que se llamó
una “política estabilizadora”, congelando precios y salarios. No obstante, los
problemas de la inflación, del desequilibrio entre exportaciones e
importaciones, una mayor deuda externa y una capacidad productiva sensiblemente
disminuida no estaban solucionados.
El año 76 mostró en primer lugar un aumento de la
represión, y en segundo lugar las crecientes diferencias entre las Fuerzas
Armadas y Bordaberry, que terminaron en el relevo de este último el 12 de
junio, aplazando asimismo sin fecha las elecciones. Por otra parte, la sociedad
uruguaya se vio profundamente conmovida en mayo por el asesinato en Buenos
Aires de dos ex legisladores, Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz.
Hubo un intento de consolidación institucional que ignoraba a
la clase política -a la que acusaba de relaciones con la subversión marxista- y
proclamaba la necesidad de una “renovación total”. Al mismo tiempo comenzaban
los problemas con el gobierno norteamericano y con organismos internacionales
que reclamaban por el avasallamiento de los derechos humanos en el país. Una de
las fuentes de estos reclamos se debió a la acción de políticos en el exilio
como Wilson Ferreira Aldunate.
En 1980 el proyecto de reforma constitucional es
plebiscitado, acompañado de una gran campaña política a favor y la crítica a
los opositores. A pesar de las previsiones, el Sí (42% de los votos) fue
derrotado por el No (57,9% de los votos). Las organizaciones sociales,
religiosas y sindicales -así como la clase política en su gran mayoría- se
habían movilizado en silencio, sorprendiendo profundamente al gobierno militar.
. La “transición democrática” (1980-1985) estuvo
claramente impregnada por el resultado de las urnas. La propuesta militar
mostraba un gran desconocimiento de la sociedad uruguaya. Y a pesar de algunos
intentos últimos -como la formación de “un partido del proceso”- se iba casi
inevitablemente hacia la democracia.
De cualquier manera, en ese período fueron cada vez más
frecuentes los contactos entre políticos y militares en la búsqueda de una
“salida pactada”. En ese marco se realizaron las elecciones de noviembre de
1984.
En diciembre de 1986 el Parlamento votó la Ley de Caducidad
de la Pretensión Punitiva del Estado. Luego del proceso de junta de
firmas, el referendum se concretó en abril de 1989 y dio la victoria a quienes
abogaban por la ratificación de la ley: un 55,44% del llamado voto amarillo
contra el 42,42% del voto verde.
La ley entregaba la llave de toda posibilidad de
investigación y búsqueda al Poder
Ejecutivo, el que además debía decidir que casos se investigarían y quiénes los
llevarían adelante. El entonces presidente Julio María Sanguinetti ratificó su
convicción de que la Ley debía significar un “punto final”, esta misma
postura tuvo Luis Alberto Lacalle y Sanguinetti en su segunda presidencia.
Jorge Batlle avanza en
la búsqueda de la verdad al acordar con Familiares la creación de la Comisión
para la Paz. El gobierno de Tabaré Vázquez se
comprometió a continuar con las investigaciones y ordenó la realización de excavaciones
en donde según se informara se encontraban enterrados los restos de los
detenidos desaparecidos. La justicia,
durante el gobierno de Vázquez,
ha procesado a varios de los militares y civiles comprometidos con la
violación de los derechos humanos durante la dictadura.
